México, D. F., 28 de Noviembre 2009

El pasado 24 de Noviembre del presente año se llevo a cabo el evento para la presentación de la “Red Nacional de Información e Investigación en Pesca y Acuacultura”.

En 2007 se promulgó la LGPAS en respuesta a la realidad pesquera y acuícola mexicana, y en congruencia con un federalismo democrático que se debe consolidar. Esta nueva ley establece por primera vez que la pesca y acuacultura son parte fundamental de la política nacional en materia de seguridad alimentaria. La LGPAS contiene elementos nuevos y retoma algunos que demandan acciones concretas y contundentes para ordenar la actividad pesquera y acuícola nacional. Entre ellos destacan el Ordenamiento del sector, los Planes de Manejo Pesqueros y Acuícolas, la naturaleza vinculante para la autoridad de la Carta Nacional Pesquera, y las concesiones por zona, además de la Carta Nacional Acuícola. Todo lo anterior implica reforzar las investigaciones que son fundamento de estas actividades. Para lograr tal fin, un mandato fundamental de la ley es la integración del PNICTPA, y de la Red Nacional de Información e Investigación en Pesca y Acuacultura (RNIIPA).

El Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA) elaboró el proyecto del Programa Nacional de Investigación CientíficaClic en la imagen para agrandar y Tecnológica en Pesca y Acuacultura (PNICTPA), de acuerdo al mandato de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS). Se pretende con ello coadyuvar en la implementación de una política de Estado orientada a optimizar los recursos humanos, materiales y financieros del país que se dedican a la investigación y desarrollo tecnológico en materia de pesca y acuacultura. En la preparación de este documento se retomaron los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y del Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2007-2012 (PSDAP), la Ley de Ciencia y Tecnología, así como del Código de Conducta para la Pesca Responsable de FAO. Estos instrumentos inducen a la explotación pesquera y acuícola con un enfoque ecosistémico y sustentable como guías para garantizar la soberanía alimentaria.

México tiene un gran potencial pesquero y acuícola; a escala mundial ocupa el 17° lugar en la producción de estos recursos. La pesca y la acuacultura contribuyen de manera importante en el desarrollo regional y nacional y en el quehacer económico y social y, aportan alimentos nutritivos para la población, insumos para la industria y divisas, al tiempo que y crean empleos directos e indirectos.

Los recursos acuáticos aunque renovables, son finitos. Tres cuartas partes de los recursos pesqueros explotados comercialmente alcanzan los máximos rendimientos sustentables y actualmente no es posible incrementar sus capturas; ante ello es preciso instrumentar acciones para sostener los niveles actuales de captura y concentrar esfuerzos para maximizar su aportación económica mediante la agregación de valor en los mercados nacional y de exportación. Por su parte, la producción acuícola juega un papel cada vez más importante en la seguridad alimentaria nacional.

Clic en la imagen para agrandar La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables establece, por primera vez, que la pesca y acuacultura son parte fundamental de la política nacional en materia de seguridad alimentaria. Contiene elementos nuevos y retoma algunos que demandan acciones concretas, entre otros reforzar las investigaciones como fundamento para ordenar ambas actividades.

Para lograrlo, la Ley mandata integrar la Red Nacional de Información e Investigación en Pesca y Acuacultura (RNIIPA) que deberá operar el Programa Nacional de Investigación Científica y Tecnológica en Pesca y Acuacultura (PNICTPA). El Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA) definió la estructura y operación de la Red, que con la participación de 18 instituciones fundadoras (enlace) fue instalada en un acto protocolario; además, elaboró el proyecto del Programa, para consideración de las instituciones del país que desarrollan actividades de investigación relacionadas con los recursos acuáticos. (enlace)

Ambos instrumentos pretenden coadyuvar en la implementación de una política de Estado orientada a optimizar los recursos humanos, materiales y financieros del país que se dedican a la investigación y al desarrollo tecnológico en materia de pesca y acuacultura.